El Dr. Guillermo Vega expuso las desigualdades del sistema y destacó a Córdoba, aunque advirtió falencias estructurales.
El juez de Paz de Santa Elena (Entre Ríos) y presidente de JUFEPAZ Argentina, Dr. Guillermo Vega, analizó la situación de la Justicia de Paz en el país, sus particularidades territoriales y los desafíos estructurales que atraviesan estos magistrados, con especial énfasis en la provincia de Córdoba. Lo hizo en una extensa entrevista radial, donde destacó el carácter humano y comunitario de la función, al tiempo que reclamó estabilidad en el cargo y una remuneración acorde a las responsabilidades que ejercen.
Vega subrayó que el juez de paz es, en muchos pueblos, la cara más cercana del Estado y de la Justicia. “Es alguien que conoce la idiosincrasia del lugar, que se cruza en la verdulería o la panadería con la víctima o con quien pudo haber ejercido violencia”, explicó. Esa cercanía —señaló— marca una diferencia sustancial con otros fueros y convierte a la Justicia de Paz en una institución única, profundamente ligada a la vida cotidiana de las comunidades.
Durante su recorrido por distintas provincias del país, e incluso en experiencias internacionales ante la Organización de Estados Americanos y en Europa, Vega afirmó haber comprobado que esa “humanidad” es un rasgo distintivo de la Justicia de Paz argentina, independientemente de que se trate de localidades pequeñas, medianas o grandes.
Una realidad desigual en el país
El presidente de JUFEPAZ remarcó que la situación de los jueces de paz es “muy disímil” según la provincia. Mencionó casos críticos en el norte argentino, como Jujuy y Salta, donde existen jueces de paz sin sueldo ni obra social y con competencias severamente limitadas. En contraste, destacó a Córdoba como una de las provincias con una de las Justicias de Paz más desarrolladas del país, con más de 300 jueces distribuidos en todo el territorio.
No obstante, advirtió que en Córdoba persiste una problemática central: la falta de estabilidad en el cargo. Vega recordó que este reclamo viene siendo planteado desde hace años y que ya fue visibilizado en encuentros nacionales e internacionales realizados en la provincia. “No puede ser que los únicos magistrados que no tengan estabilidad en Córdoba sean los jueces de paz”, afirmó.
Según explicó, la estabilidad es una garantía indispensable para el ejercicio independiente de la función judicial. “Es lo único que asegura que no te remuevan si no actuás conforme a intereses de poder. Sin estabilidad, hay riesgo de amenazas, presiones y hostigamientos”, sostuvo.
Remuneración y carga laboral
Otro de los ejes del planteo fue la remuneración. Vega describió una realidad en la que los jueces de paz permanecen disponibles las 24 horas, incluso atendiendo denuncias de violencia familiar o de género en horarios nocturnos, muchas veces desde sus propios domicilios. “Ese nivel de responsabilidad exige un reconocimiento económico acorde”, indicó.
Recordó además gestiones realizadas en 2023 junto a autoridades judiciales y legislativas provinciales, donde se planteó que el núcleo del problema reside en la necesidad de una ley específica que garantice estabilidad y mejores condiciones laborales para los jueces de paz cordobeses.
Funciones amplias y problemáticas emergentes
En cuanto a las funciones, explicó que en Córdoba los jueces de paz tienen un amplio abanico de competencias: intervienen en juicios ejecutivos donde no hay juzgados de faltas, articulan con municipios, atienden situaciones de violencia y actúan como primera referencia ante múltiples problemáticas sociales.
“La gente llega al juzgado porque quiere hablar con el juez, con alguien que conoce”, señaló. En ese sentido, describió situaciones vinculadas a la pérdida de pensiones, conflictos familiares, problemas económicos, salud mental y consumos problemáticos. “Muchas veces hacemos de orientadores, de psicólogos, de dadores de esperanza”, sintetizó.
Vega reconoció que existen casos puntuales donde el funcionamiento no es el esperado, pero sostuvo que, en términos generales, la Justicia de Paz cumple un rol fundamental en el acceso a la justicia, especialmente en localidades del interior.
Violencia, drogas y contexto social
Consultado sobre las principales problemáticas actuales, identificó a la violencia familiar y de género como una de las más recurrentes, estrechamente vinculada a factores económicos, al avance del consumo de drogas y a la aceleración social producida por las redes sociales. “Muchas situaciones de violencia terminan teniendo su origen en una boleta impaga o en que la plata no alcanza”, reflexionó.
Finalmente, el presidente de JUFEPAZ reiteró la necesidad de revalorizar institucionalmente a la Justicia de Paz, destacando su compromiso cotidiano y su función estratégica en el entramado social. “La Justicia de Paz siempre da más”, concluyó, retomando una frase que, según dijo, resume el espíritu con el que estos magistrados enfrentan su tarea diaria.
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