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Sin nuevos sorteos nacionales: las viviendas pasarán a ser adjudicadas por provincias y municipios. En varias localidades de Córdoba existen las viviendas del PROCREAR.
El Ministerio de Economía, a través de la Resolución 1199/2025 publicada el 19 de agosto, dispuso la derogación de una serie de programas de vivienda y hábitat creados entre 2020 y 2022. La medida se enmarca en la política de reorganización de la obra pública impulsada por el Gobierno nacional, con el objetivo de “mayor eficiencia y eficacia en la gestión del Estado”.
Entre los planes que quedan sin efecto figuran el Programa Federal Argentina Construye, el Plan Nacional de Suelo Urbano, el Programa Casa Propia – Construir Futuro y sus subprogramas (Casa Activa, Habitar Comunidad, Autoconstrucción Cáritas, Habitar Inclusión), así como el Programa Reconstruir y el Programa de Regularización Dominial, entre otros.
Obras en curso y sistema de recupero
La resolución establece que las provincias, municipios y la Ciudad de Buenos Aires deberán asumir la continuidad de las obras que estaban en ejecución. Si alguna jurisdicción no puede financiarlas, el convenio podrá resolverse y se reclamará la devolución de los fondos transferidos, actualizados por la Unidad de Vivienda (UVI).
En los casos donde las viviendas se terminen y se entreguen a familias adjudicatarias, se implementará un sistema de recupero: cuotas mensuales que no podrán superar el 30% de los ingresos familiares, con valores ajustados por la UVI y sin exceder el costo real de construcción. No obstante, se prevén excepciones para hogares en situación de vulnerabilidad, como familias con necesidades básicas insatisfechas o relocalizadas por orden judicial.
Sin nuevos sorteos nacionales
La medida no prevé nuevos sorteos o inscripciones nacionales, como sucedía en planes anteriores. En adelante, serán las provincias y municipios quienes definirán los criterios de adjudicación en función de cada convenio vigente y de las obras que decidan financiar con recursos propios.
Con esta resolución, el Gobierno nacional busca descentralizar la ejecución de las políticas habitacionales y limitar su participación directa a la fiscalización de fondos y la recuperación de recursos invertidos, en el marco de la emergencia económica declarada hasta diciembre de 2025.
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