En plena crisis, crecen los privilegios políticos y aumentos en cargos cercanos al intendente, el ejecutivo le otorga 20% de incremento de sueldo a un empleado vinculado al director de Recursos Humanos.
Desde el 2 de junio de 2025, la Municipalidad de Monte Maíz se encuentra bajo emergencia económica, financiera y administrativa, según lo establecido por decreto del Departamento Ejecutivo. La medida, argumentada como necesaria para evitar una supuesta “parálisis institucional”, vino acompañada de recortes salariales de hasta el 40%, reducción de jornada laboral y la amenaza de suspensiones o despidos que impactan de lleno en los trabajadores municipales.
Durante el anuncio oficial, el intendente Luis María Trotte argumentó que la situación económica del municipio se tornó insostenible desde febrero, arrastrando un deterioro que, según sus palabras, colocó a la gestión “en un tobogán”.
En paralelo al ajuste, las sesiones del Concejo Deliberante fueron suspendidas en medio de protestas del gremio de empleados municipales, que reclama una instancia de diálogo y reversión de las medidas. La indignación ciudadana no tardó en aflorar, con redes sociales colmadas de comentarios críticos hacia la gestión municipal, muchos de ellos cuestionando los privilegios del círculo de funcionarios cercanos al intendente.
“Este pueblo debería ser un modelo a copiar, no una vergüenza que ya no queremos mostrar”, dice uno de los tantos mensajes.
En este clima, se suman datos que han profundizado el descontento. Uno de los casos más controvertidos es el de Pedro Segui, actual Director de Recursos Humanos del municipio y amigo personal del intendente Trotte. Segui fue reincorporado al municipio en agosto de 2021, tras el regreso de Trotte a la intendencia. Meses después, su nombre comenzó a circular en relación con una vivienda ubicada en el Complejo Ecológico de Monte Maíz, que estaba siendo reacondicionada por decisión del municipio.
En octubre de 2021, el entonces secretario de Gobierno, Ignacio Silva, confirmó en Sintonía que la casa estaba siendo reparada “por orden del intendente” y que podría destinarse a un empleado municipal. Con el tiempo, se confirmó que el ocupante de esa vivienda era el propio Segui.
En plena crisis, su sueldo neto como personal de Gabinete supera los 2.655.000 pesos. Pero no es el único caso que genera controversia.
El Decreto N° 43/2025, firmado el 25 de junio —ya con la emergencia vigente— otorgó un incremento del 20% a David Segui, hijo del funcionario y agente municipal. El aumento fue retroactivo al 1 de junio, apenas un día antes del anuncio oficial de la emergencia.
El decreto justifica el adicional por tareas múltiples en áreas como Rentas, Catastro y Sistemas. No obstante, según fuentes consultadas por Sintonía, David Segui nunca participó en asambleas ni en reclamos por los recortes. Para muchos trabajadores, esto no es casualidad: sospechan que el aumento es una recompensa por lealtad política, mientras quienes protestan enfrentan reducciones o traslados.
Otro punto que despierta inquietud es el caso de Jesica Sueldo, pareja de David Segui, quien cobra como monotributista por brindar clases de artes visuales al municipio (260.000 pesos) y fue en principio el nexo directo del emprendimiento privado “Semillas al Viento”, una guardería que —según fuentes consultadas— cobraría hasta 90.000 pesos por niño.
Lo relevante es que este proyecto funciona en una vivienda cedida dentro del complejo ecológico en terrenos de Gas de Monte Maíz S.A., una empresa donde la municipalidad es accionista mayoritaria (51%) y representada por el propio intendente. En febrero de 2025, la cuenta oficial de “Semillas al Viento” agradeció públicamente al municipio, al intendente Trotte y a Ignacio Silva, hoy gerente de Gas de Monte Maíz, por su apoyo institucional.
Mientras tanto, desde el discurso oficial se insiste en que “el Estado municipal estará más presente que nunca”. Sin embargo, el contraste entre ese relato y la realidad diaria genera malestar: mientras a muchos trabajadores se les exige un sacrificio económico, algunos funcionarios y allegados reciben aumentos, beneficios o respaldo institucional.
La controversia creció aún más este viernes 18 de julio, cuando se supone hay una emergencia económica el municipio trajo maquinaria privada de una empresa de Laborde para tareas de limpieza urbana, actividad que tradicionalmente realizan empleados municipales.
En un contexto de ajuste, malestar social y señales de favoritismo político, surgen preguntas clave:
¿Es equitativo el reparto de esfuerzos en esta emergencia? ¿Se está priorizando el bien común o los intereses de unos pocos?
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