Debate cruzado por la autonomía, los controles y el manejo de partidas públicas. Se produjo en trabajo de comisión.
La comisión encargada del tratamiento del tema es la Comisión de Hacienda, Planeamiento Urbano, Obras y Servicios Públicos, integrada por los concejales Guillermo Villa, Paulo Arce —quien además preside el Concejo Deliberante— y Marta Aureli, que preside esta comisión en representación del oficialismo. Por parte de la oposición, la única representación recae en el concejal Marcos Salvay, ya que los otros dos ediles del bloque opositor fueron asignados a otras comisiones permanentes. Esta composición motivó cuestionamientos sobre el equilibrio político en el análisis de los temas tratados en comisión el pasado jueves 10 de julio.
Durante un extenso trabajo de comisión en el Concejo Deliberante de Monte Maíz, concejales oficialistas y opositores debatieron sobre la asignación presupuestaria solicitada por el Tribunal de Cuentas local, en el marco de la emergencia económica municipal. El eje del encuentro giró en torno al pedido de apertura de una cuenta bancaria y la posibilidad de contratar personal externo, en un contexto de creciente tensión institucional.
Uno de los puntos más discutidos fue la necesidad o no de dotar al Tribunal de Cuentas de mayor autonomía financiera. Desde la oposición, se argumentó que la solicitud de presupuesto —equivalente al 0,5% del total municipal— apunta a garantizar el funcionamiento del órgano de control y a reforzar la transparencia en la gestión. “No es un gasto desmedido. Si nos asusta ese número, imaginemos entonces lo que es el presupuesto completo del municipio”, sostuvo Marcos Salvay concejal opositor.
En contraposición, el oficialismo expresó fuertes reservas respecto al manejo de fondos de forma directa por parte del Tribunal. “No es transparente que los propios órganos de control administren una cuenta sin supervisión externa”, señalaron. También cuestionaron el eventual pago a asesores externos, interpretándolo como una señal de falta de idoneidad en los actuales integrantes del Tribunal.
Sin embargo, desde el oficialismo insistieron en que, de ser necesario, podría habilitarse una partida específica, pero bajo condiciones de control estrictas y luego de la finalización de la emergencia indicó el concejal oficialista Guillermo Villa.
Otro de los puntos de fricción fue la periodicidad de las reuniones del Tribunal y el rol del Concejo como órgano de contralor. La oposición remarcó que no se cumplía con los requerimientos legales de visado previo a gastos ejecutivos, como combustible o contrataciones.
El debate derivó, además, en un cruce sobre la forma en que se desarrollan las sesiones de comisión. La oposición pidió mayor consideración en casos de ausencias justificadas, argumentando que algunos trabajos de comisión se desarrollan sin representación de ambos bloques, restando pluralidad al análisis de los temas. El oficialismo respondió recordando que, conforme al reglamento interno, las comisiones pueden funcionar con mayoría simple.
Finalmente, se resolvió elevar a sesión ordinaria dos dictámenes —uno por mayoría y otro por minoría— sobre la solicitud de presupuesto del Tribunal de Cuentas. En ese ámbito se retomará el debate, que, más allá de las cifras, expone una puja institucional de fondo entre el Ejecutivo, el Concejo y el órgano de control.
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