Concejales de la oposición impugnan el decreto de emergencia firmado por Trotte y piden su nulidad.
Los concejales de la oposición Lucas Maldoni, Marcos Salvay y María Marta Orellano, integrantes del bloque de Juntos por el Cambio en el Concejo Deliberante de Monte Maíz, presentaron este martes 17 de junio un escrito dirigido al intendente municipal, Dr. Luis María Trotte, en el que solicitan la nulidad del Decreto N° 35/2025, dictado por el Ejecutivo el pasado 2 de junio, por considerarlo “incompetente, ilegítimo y nulo de nulidad absoluta”.
En el documento, al que tuvo acceso Sintonia, los ediles fundamentan su rechazo al decreto que declara la emergencia económica, financiera, fiscal y administrativa del municipio hasta el 31 de diciembre de este año —con posibilidad de prórroga hasta 2027— y que habilita al Ejecutivo a tomar medidas extraordinarias, como reducción de jornada laboral, recortes salariales del 30% a funcionarios políticos, suspensión de adicionales y congelamiento de gastos por encima de $30.000 sin autorización directa.
Según los concejales, el decreto se basa en una "supuesta frustración" de la sesión del Concejo Deliberante celebrada el 29 de mayo, cuando el Ejecutivo habría intentado tratar una ordenanza de emergencia. Trotte argumentó que la sesión no pudo llevarse a cabo por disturbios ocasionados por manifestantes, y que dicha situación habría contado con la supuesta connivencia de los ediles opositores.
No obstante, los concejales de Juntos por el Cambio sostienen que ese relato “es falso y distorsionado”. Aseguran que permanecieron más de tres horas en el recinto solicitando la reanudación de la sesión, incluso presentando propuestas concretas para continuarla al día siguiente o derivar el tratamiento del tema a comisión. “Lejos de obstaculizar la sesión, fue la ausencia del bloque oficialista y la inacción del presidente del Concejo lo que impidió su prosecución”, remarcaron.
Afirman también que la sesión nunca fue formalmente cerrada ni reprogramada y que el Ejecutivo no utilizó las herramientas institucionales disponibles para garantizar su funcionamiento. “El decreto firmado por el Intendente pretende justificar la omisión del tratamiento legislativo con un relato de hechos manipulado, trasladando la responsabilidad al bloque opositor y desconociendo gravemente el principio de división de poderes”, sostuvieron.
Desde el punto de vista legal, los ediles señalan que el Departamento Ejecutivo no tiene competencia para declarar por sí mismo una emergencia ni para modificar condiciones laborales por decreto, según lo establece la Ley Orgánica Municipal N° 8102. “El Decreto N° 35/2025 constituye un acto nulo por extralimitación de funciones”, aseguran.
Asimismo, denuncian la inexistencia de una ordenanza que avale el decreto, pese a que en su articulado se expresa que es dictado “ad referéndum” del Concejo Deliberante. Al día de hoy, remarcan, el cuerpo legislativo no ha recibido formalmente el texto para su tratamiento.
Finalmente, critican la invocación de la Ley Nacional 27.541 de emergencia económica, cuya vigencia general expiró en 2020 y que —según sostienen— no contempla mecanismos de adhesión para los gobiernos locales ni otorga atribuciones a los municipios para declarar emergencias.
En su presentación formal, los concejales solicitaron cinco medidas:
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La declaración de nulidad del decreto por incompetencia manifiesta.
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La suspensión inmediata de sus efectos.
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La elevación del expediente al Concejo Deliberante para su tratamiento legislativo.
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El respeto a las atribuciones del órgano deliberativo.
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La intervención del Tribunal de Cuentas y del Ministerio de Gobierno de la Provincia.
El escrito fue registrado oficialmente el lunes 17 de junio y suma un nuevo capítulo a la tensión institucional entre el bloque opositor y el Ejecutivo municipal, en el marco de una situación de crisis que ahora también pone en discusión los límites del poder local.
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