Polémica en Monte Maíz por moratoria aprobada sin respaldo opositor y sin datos claros sobre el uso de los fondos.
En la sesión ordinaria del pasado 13 de mayo, el Concejo Deliberante de Monte Maíz aprobó por mayoría oficialista una ordenanza que establece un nuevo régimen de regularización de deudas municipales. El proyecto, impulsado por el Departamento Ejecutivo, permite a los contribuyentes saldar tributos vencidos al 14 de mayo de 2025 mediante un plan de pagos con bonificaciones por mora e intereses.
La medida busca, según sus fundamentos, “recuperar recursos públicos necesarios para sostener servicios esenciales” y “brindar una herramienta legal y accesible a los contribuyentes en un contexto económico crítico”. No obstante, generó un fuerte debate entre los bloques legislativos.
Desde la oposición, se plantearon dudas sobre la situación financiera real del municipio y se cuestionó que este tipo de herramientas fiscales se reiteren anualmente sin mostrar mejoras en obras o servicios. “El pueblo está cansado de ver todo igual, de que se le cobre todo y nada se cumpla”, expresó un concejal de Juntos por el Cambio.
Uno de los ejes del reclamo fue el supuesto incentivo negativo que implica ofrecer moratorias reiteradas sin premiar adecuadamente a los contribuyentes cumplidores. Aunque el oficialismo respondió que existen bonificaciones para quienes pagan en término, los ediles opositores remarcaron que el municipio debería explicar mejor el destino de los fondos recaudados.
Ante esta inquietud, los ediles opositores presentaron un pedido de informe dirigido al Ejecutivo. El mismo solicita un detalle actualizado de todo el personal municipal, incluyendo modalidad de contratación, funciones y remuneraciones, con el fin de analizar el uso de los recursos humanos y presupuestarios.
El régimen de moratoria estará vigente hasta el 31 de julio de 2025. Prevé la posibilidad de pago contado con 100% de quita de intereses por mora, o en dos y tres cuotas con una quita del 80%. También permite refinanciar planes de pago anteriores e incluye, por primera vez, deudas relacionadas con construcción no registrada y mejoras.
El proyecto fue aprobado únicamente con los votos del bloque Hacemos Unidos por Córdoba, lo que reavivó críticas sobre el uso de la mayoría automática para sancionar ordenanzas sin consenso.
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