El Ministerio Público de San Pablo pidió la prisión preventiva del expresidente por lavado de dinero. En el PT descalifican la medida y denuncian persecución.
San Pablo, Brasilia. En una nueva instancia que involucra a las principales figuras del partido en el gobierno de Brasil, el Ministerio Público (Fiscalía) de San Pablo pidió la prisión preventiva del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en el proceso de investigación de los presuntos delitos de ocultación de patrimonio, blanqueo de dinero y falsificación de documentos en relación con un departamento que está a nombre de la constructora OAS, investigada por el caso de corrupción en Petrobras.
La denuncia había sido presentada en la tarde del miércoles, aunque recién ayer se agregó el pedido de prisión preventiva para Lula y otras cuatro personas. El pedido de los fiscales será analizado por la jueza Maria Priscilla Ernandes de San Pablo, en fecha aún no definida aunque se espera que en los próximos días se informe si rechaza o acepta alguna o todas las acusaciones de los investigadores del Ministerio Público
En la denuncia, los fiscales Cássio Conserino, José Carlos Blat y Fernando Araújo dijeron que es “imprescindible la prisión preventiva en razón de la conveniencia de la instrucción criminal” y por entender que el expresidente podría “mover su red violenta de apoyo para evitar que el proceso que se inicia tenga su curso natural”.
La fiscalía negó ayer que haya una posible motivación política en la denuncia presentada contra Lula, a menos de una semana después de que el histórico líder del Partido de los Trabajadores fue llevado a declarar por la fuerza en San Pablo. “El Ministerio Público no trabaja con un calendario político. Nuestro calendario es judicial”, afirmó el fiscal Blat durante una rueda de prensa.
Los tres fiscales que firmaron la denuncia sospechan que Lula y su esposa, Marisa Leticia Lula da Silva, son los verdaderos dueños de un departamento de tres pisos en la localidad Guarujá, en el litoral de San Pablo, lo que el expresidente negó en reiteradas ocasiones.
Los fiscales precisaron que la investigación que se sigue en San Pablo es independiente de la llevada a cabo por la Justicia del estado de Paraná, de la que también es blanco Lula y que se centra en los asuntos de corrupción en la petrolera estatal Petrobras. Según el fiscal Cassio Conserino, la denuncia contra Lula se enmarca en una investigación iniciada hace “cinco o seis años” para esclarecer delitos cometidos por la cooperativa inmobiliaria Bancoop, cuando esta traspasó sus obras a la constructora OAS, salpicada también por el caso de corrupción en Petrobras.
La fiscalía paulista cree que Lula es el real propietario del departamento en la playa en Guarujá, registrado a nombre de la constructora OAS, lo que supondría un delito de lavado de dinero vía la ocultación de su patrimonio, que contempla penas de entre tres y 10 años de prisión, y en otro de falsedad ideológica.
El viernes pasado Lula había sido conducido de forma coercitiva a declarar en una comisaría de San Pablo, lo que generó enfrentamientos entre simpatizantes y detractores del exjefe de Estado y aumentó la división política en el país.
El Ministerio Público señaló que cuenta con indicios “bastante significativos” de que el expresidente recibió beneficios y favores de las empresas implicadas en los desvíos de recursos de Petrobras, pero Lula lo niega e insiste en que se trata de una “persecución política”. El Instituto Lula rechazó la denuncia del Ministerio Público y dijo que “no tiene base en la realidad”. “El expresidente no puede ocultar un patrimonio que no es de él”, señaló la Fundación de Lula, que hace siete días fue allanada por la policía federal.
Con tranquilidad
El pedido de detención preventiva fue tomado con tranquilidad por el exmandatario y criticado por los diputados del PT que llamaron “irresponsable” a los fiscales que presentaron la denuncia y los acusaron de tener motivaciones “claramente ideológicas y políticas.”
Para el diputado Wadih Damous, expresidente de la Asociación de Abogados de Brasil (OAB) en Río de Janeiro y uno de los mayores defensores de Lula en la Cámara, la solicitud es inepta y hay una clara disputa entre Cassius Conserino, de San Pablo, y el juez Sergio Moro, de Curitiba, por estar en “el centro de atención”.
El líder del gobierno en el Senado, Humberto Costa estaba con Lula en San Pablo cuando se le informó de la solicitud de arresto realizada por el fiscal. El diario O Globo indicó que Costa dijo que Lula reaccionó con “total tranquilidad”. El senador calificó de “absurda” la petición, y como una “acción mediática” el papel del fiscal del Ministerio.
El segundo líder del PT en la Cámara de Diputados, Paulo Pimenta advirtió de un “grave riesgo de ruptura institucional” y opinó que Conserino es “una vergüenza para la fiscalía”.
Aliado del PT coquetea con la oposición
Díscolos. El Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el vicepresidente Michel Temer, comienza a aproximarse a la oposición, a fin de buscar una salida a la crisis política de Brasil. “No podemos seguir paralizados, viendo como el país se derrite”, declaró el senador Eunício Oliveira, jefe del grupo del PMDB en la Cámara Alta, tras reunirse con parlamentarios del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), la mayor fuerza de la oposición y que exige la destitución de Rousseff. En la convención nacional que el PSDB de mañana, el ala disidente del PMDB exigirá que el partido rompa con el gobierno. Fuente:Lavoz
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