El perjuicio económico actualizado supera los 1.000 millones de pesos, según la sentencia judicial.
El juez de audiencia de juicio de General Pico, Federico Pellegrino, condenó a dos empresarios oriundos de Justiniano Posse, Córdoba, por una serie de estafas vinculadas a la compra de hacienda mediante cheques sin fondos.
Los condenados son Aníbal Antonio Alberto, de 70 años, y su hijo Andrés Aníbal Alberto, de 46, quienes fueron hallados coautores materiales y penalmente responsables del delito de estafa en un total de 11 hechos.
Aníbal Antonio Alberto recibió una pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo, mientras que Andrés Aníbal Alberto fue condenado a tres años y seis meses de prisión efectiva.
Según la investigación judicial, ambos eran titulares y administradores de la firma Panema S.A., con sede en Justiniano Posse. La empresa realizó operaciones de compra de ganado vacuno en la provincia de La Pampa y contrató servicios de transporte para trasladar la hacienda hacia un establecimiento rural ubicado en Córdoba.
De acuerdo con la acusación, los pagos se efectuaron mediante cheques físicos y electrónicos de pago diferido que posteriormente fueron rechazados por falta de fondos. Las maniobras perjudicaron a dos firmas ganaderas y a dos empresas transportistas.
Uno de los hechos juzgados ocurrió durante ferias ganaderas realizadas el 15 de enero y el 5 de marzo de 2021, cuando adquirieron 195 cabezas de ganado. El perjuicio económico informado en ese caso fue de 5.773.818,65 pesos.
En otra operación, concretada entre enero y marzo de 2021, compraron 475 animales y también abonaron con cheques rechazados. El daño económico en esa maniobra ascendió a 10.511.978,08 pesos.
Además, una empresa de transporte denunció la falta de pago de viajes realizados hacia Justiniano Posse durante febrero y marzo de 2021, con un perjuicio de 705.571 pesos. Otra firma transportista reclamó una deuda de 73.931 pesos por servicios prestados.
Durante los alegatos, el fiscal general Armando Agüero sostuvo que Panema S.A. atravesaba dificultades económicas, aunque continuó realizando operaciones comerciales. También señaló que los imputados acumulaban más de 1.000 cheques rechazados.
En la sentencia, el juez consideró acreditado que los acusados compraron hacienda sabiendo que no podrían afrontar los pagos al vencimiento de los documentos entregados. También valoró la cantidad de hechos investigados, la ausencia de reparación económica a los damnificados y que el perjuicio actualizado supera los 1.000 millones de pesos.
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