Allanamientos simultáneos revelaron evidencias de explotación sexual en una causa impulsada por una ONG.
La Justicia Federal con asiento en Bell Ville llevó adelante una serie de allanamientos en la ciudad de Corral de Bustos en el marco de una causa por presunta trata de personas con fines de explotación sexual. El operativo culminó con la detención de dos personas y el rescate de una víctima en situación de extrema vulnerabilidad.
Según confirmó la fiscal federal Virginia Miguel Carmona, la investigación se inició a partir de una denuncia canalizada a través de la línea 145, el número nacional habilitado para reportar casos de trata de personas. La presentación fue impulsada por la Fundación Marita Verón, con sede en Tucumán.
A partir de allí, se dispuso la intervención de personal de la Policía Federal Argentina de Bell Ville y Villa María, quienes llevaron adelante tareas investigativas que derivaron en cuatro allanamientos simultáneos, incluyendo un hotel alojamiento y domicilios particulares.
Durante los procedimientos, las autoridades recolectaron “numerosas evidencias” vinculadas a la explotación sexual. En ese contexto, se logró rescatar a una persona mayor de edad con discapacidad, quien —según detalló la fiscal— era sometida a explotación.
La víctima fue asistida por profesionales especializados del Programa Nacional de Rescate de Víctimas de Trata, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, y posteriormente trasladada al Hospital Regional de Bell Ville. Allí se le realizaron estudios físicos y evaluaciones psicológicas para determinar su estado de salud y grado de vulnerabilidad.
En paralelo, la fiscalía avanza en la formulación de la imputación contra los dos detenidos, quienes enfrentarían cargos por abuso sexual y trata de personas con fines de explotación sexual.
Desde el punto de vista legal, Carmona explicó que el delito está contemplado en el artículo 145 bis del Código Penal, mientras que el artículo 145 ter prevé agravantes cuando la víctima presenta alguna discapacidad, lo que eleva significativamente las penas previstas, que parten de un mínimo de 8 a 16 años de prisión.
El caso genera fuerte impacto en la región y vuelve a poner en agenda la problemática de la trata de personas, así como la importancia de los canales de denuncia anónima y la intervención temprana de organismos especializados.
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