Investigan amenazas contra una escuela: hubo controles, presencia policial y múltiples procedimientos.
A partir de la denuncia radicada por directivos de una institución educativa de Justiniano Posse, la Policía inició un operativo de investigación tras detectarse escritos con amenazas en los baños del establecimiento. Así lo confirmó el comisario Ezequiel Bracamonte, quien brindó detalles del procedimiento y las medidas adoptadas.
Según explicó el jefe policial, el hecho fue denunciado el pasado 21, luego de que autoridades escolares encontraran mensajes intimidatorios dirigidos tanto al edificio como a integrantes del personal. “La directora tiene la obligación de realizar la denuncia correspondiente ante este tipo de situaciones”, señaló.
Tras tomar conocimiento, la fuerza puso la información a disposición de la Fiscalía, que ordenó una serie de actuaciones dentro del establecimiento. En ese marco, se iniciaron averiguaciones internas que derivaron en un operativo de mayor escala.
Durante la jornada siguiente, se llevaron a cabo al menos tres allanamientos en la localidad, con el objetivo de recolectar pruebas que permitan esclarecer el hecho. “Creemos que estamos bien encaminados”, sostuvo Bracamonte, al tiempo que no descartó que puedan realizarse nuevos procedimientos en función de las directivas judiciales.
En relación a las amenazas, el comisario indicó que estaban dirigidas para concretarse en la jornada actual, lo que motivó un refuerzo en las medidas de seguridad. En ese sentido, se dispuso presencia policial en el ingreso al establecimiento, incluyendo controles preventivos en pertenencias de los alumnos.
“El ingreso se desarrolló con total normalidad”, afirmó, y anticipó que el operativo se repetirá en el turno tarde, con el objetivo de garantizar tranquilidad en la comunidad educativa.
El despliegue incluyó recursos de distintas dependencias policiales de la región, como personal de Ordóñez, Idiazábal y Bell Ville, además de efectivos de la Guardia de Infantería. “Se ha movilizado prácticamente la totalidad del personal de la zona, lo que implica un importante costo operativo”, explicó el funcionario.
Consultado sobre posibles sanciones, Bracamonte mencionó que a nivel provincial se analizan medidas vinculadas al costo que generan este tipo de intervenciones, en línea con iniciativas adoptadas en otras jurisdicciones.
La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía, mientras se intenta identificar al o los responsables de las amenazas que generaron preocupación en la comunidad educativa.
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