Concejales del bloque opositor cuestionan procedimientos y exigen aclaraciones al Ejecutivo.
Los concejales opositores de Monte Maíz, Lucas Maldoni y Marcos Salvay, solicitaron un pedido de informes al Departamento Ejecutivo para aclarar el funcionamiento de Guardia Urbana, luego de la difusión de videos que muestran maniobras consideradas irregulares por parte del director del área, Marcelo Romani. La iniciativa fue presentada al inicio de la última sesión del Concejo Deliberante y obtuvo aprobación por unanimidad.
El planteo surgió a partir de dos procedimientos ampliamente difundidos en redes sociales. En uno de ellos se observa una persecución en la que un agente circula en contramano. Para los ediles, esa maniobra habría puesto en riesgo la integridad de terceros. “El fin no justifica los medios. No puede justificarse una acción por el solo hecho de que la sociedad pida más seguridad”, expresó Salvay, quien remarcó que el accionar registrado “no se ajusta a los protocolos ni a la normativa vigente”.
Maldoni recordó que el Concejo deliberó extensamente antes de aprobar el convenio entre municipio y provincia para la implementación de Guardia Urbana y que uno de los puntos acordados fue que no se permitiría el uso de armas no letales por parte de personal no idóneo. “Entendemos a la Guardia Urbana como un órgano auxiliar, colaborador de la Policía. Puede labrar multas, pero no mucho más. Lo que vimos en los videos no coincide con el espíritu del convenio ni del protocolo”, afirmó.
Los concejales señalaron que, si bien el tema tomó estado público antes de tratarse en el recinto, decidieron esperar la sesión para manifestarse institucionalmente. “Nos preocupa el funcionamiento y creemos que hay irregularidades que deben explicarse”, coincidieron.
El pedido de informes solicita al Ejecutivo que precise:
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Si Guardia Urbana está actuando bajo el protocolo oficialmente aprobado.
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Si existe un protocolo propio distinto al previsto y cuál es su fundamento.
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Qué agentes están capacitados y qué cursos realizaron.
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Si se adoptaron medidas disciplinarias o sanciones tras los hechos viralizados.
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Las actas que se hayan labrado en los procedimientos difundidos.
Los ediles señalaron que cualquier acción estatal debe realizarse dentro del marco legal vigente. “Como funcionarios debemos dar el ejemplo. No se puede permitir que se actúe fuera de la ley. El fin no justifica los medios”, concluyó Salvay.
Se espera ahora la respuesta formal del Ejecutivo para continuar el tratamiento del tema en comisión.
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