El gremio denunció acoso y recortes salariales; se convocó a audiencia en Bell Ville.
El Sindicato de Empleados y Trabajadores Municipales del Sudeste y Zona de la Provincia de Córdoba presentó un pedido formal al Ministerio de Trabajo solicitando con carácter de urgencia una audiencia de conciliación con la Municipalidad de Monte Maíz, a raíz de una serie de medidas adoptadas por el Ejecutivo local que, según denuncian, afectan gravemente las condiciones laborales del personal.
La presentación fue encabezada por el secretario general del sindicato, Daniel Bustos, quien sostuvo que el gobierno municipal ha producido “todo tipo de acoso laboral contra los trabajadores, hostigamientos y cambios de lugar de trabajo”. El reclamo hace especial énfasis en la situación de empleados de planta permanente, quienes —según afirma el gremio— sufrieron un recorte del 40% en sus haberes como consecuencia del Decreto 35/2025, norma recientemente emitida por el Ejecutivo que modifica el estatuto del empleado municipal.
“Han cortado el diálogo con el sindicato”, sostiene el escrito firmado por Bustos y por el abogado patrocinante Axel Ivo Ferrucci. Además, se advierte sobre el uso de “medidas coercitivas” por parte del municipio y se solicita evitar un escenario de mayor confrontación jurídica, como presentaciones judiciales o paros que perjudiquen el servicio público.
En respuesta al pedido, la Secretaría de Trabajo de la Provincia de Córdoba, a través de su delegación en Bell Ville, convocó a una audiencia presencial para el próximo lunes 7 de julio a las 10:00 horas. La convocatoria fue notificada oficialmente tanto a la Municipalidad de Monte Maíz como al sindicato, en el marco del expediente 0540-435171/2025.
La audiencia se celebrará bajo el marco de la Ley 8015, que regula los procedimientos de conciliación laboral en la provincia, y tendrá como objetivo propiciar un espacio de diálogo que permita resolver las diferencias sin acudir a instancias judiciales.
La situación se da en el marco de la declaración de emergencia económica, financiera y administrativa dispuesta por el Ejecutivo local, medida que ha generado fuertes tensiones internas y críticas desde distintos sectores, incluyendo a trabajadores y concejales de la oposición.
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