El oficialismo ratificó solo, el Decreto 35. Emergencia, ajuste y legalidad en debate tras el retiro de la oposición.
La Municipalidad de Monte Maíz transita un proceso institucional complejo. Bajo la excusa de una “asfixia financiera transitoria”, el intendente firmó el Decreto N.º 35/2025 para declarar la emergencia económica, financiera y administrativa, adoptando medidas de impacto directo sobre las condiciones laborales y el funcionamiento general del municipio. Pero la particularidad no reside solo en el contenido del decreto, sino en cómo, cuándo y para qué fue dictado.
El decreto se presenta como una respuesta directa a la imposibilidad de sesionar el 29 de mayo debido a disturbios en el Concejo Deliberante, y se ratifica luego en una sesión donde el oficialismo vota en soledad, tras el retiro de la oposición. Desde su origen, la norma está marcada por la excepcionalidad institucional, la unilateralidad política y la precariedad jurídica.
Desde el plano legal, el Ejecutivo invoca el carácter ad referéndum para dar validez provisional al decreto, pendiente de ratificación legislativa. Pero la utilización de esa figura solo se justifica en casos de urgencia que imposibiliten la vía ordinaria, y en este caso, la urgencia fue construida políticamente, no naturalmente provocada: la sesión fue frustrada por desbordes, sí, pero también por la negativa del oficialismo a construir un consenso previo. La respuesta institucional fue saltar el proceso.
El contenido del decreto evidencia una avanzada sobre derechos laborales:
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Reducción de jornada a 6 horas diarias y 30 semanales para todo el personal.
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Suspensión de horas extras, adicionales por disponibilidad horaria y por responsabilidad técnica.
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Diferimiento de aumentos salariales de mayo y junio.
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Recorte del 30% para cargos políticos (y del 20% hasta fin de año).
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Exigencia de autorización del Ejecutivo para gastos superiores a $30.000.
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Revisión individual de legajos del personal.
El conjunto de medidas conforma un plan de ajuste sin diálogo previo ni aprobación legislativa al momento de su entrada en vigencia. La declaración de emergencia no es solo una descripción de contexto: es una herramienta jurídica para concentrar poder y limitar derechos, que debería estar sujeta a estrictos controles democráticos, algo que en este caso se eludió.
Además, el decreto comete un error técnico grave: adhiere inicialmente a la Ley Nacional N.º 27.541, derogada por la Ley N.º 27.742. El propio bloque oficialista reconoció este “error material” durante la sesión. Pero cuando una norma requiere ser corregida para adecuarse a la legislación vigente, su validez se pone en duda. Más aún cuando se pretende que rija con efectos inmediatos sobre salarios y condiciones laborales.
Tampoco puede pasarse por alto el tono excesivamente hostil del texto: el Ejecutivo califica al sindicato de actuar con “supina ignorancia”, describe los hechos del Concejo como “vandalismo” y sugiere una “coordinación espuria” con la oposición. Esta descalificación formal no es común en decretos administrativos y habla de un clima político deteriorado. El decreto no solo legisla: acusa, editorializa, politiza.
Lo más preocupante, sin embargo, no es el fondo de la norma —que puede debatirse en función del contexto fiscal—, sino el procedimiento institucional elegido. En lugar de negociar una ordenanza con los bloques, de convocar a una sesión segura o de abrir una mesa paritaria, se optó por el camino del decreto ad referéndum, convertido en ordenanza por un cuerpo legislativo vaciado. El oficialismo no solo firmó la emergencia: también la ratificó en soledad, rompiendo el equilibrio de poderes.
Aún más inquietante es la cláusula del Art. 7: la emergencia podría extenderse hasta el 31 de mayo de 2027, lo que abre la puerta a un régimen de excepción de dos años. La transitoriedad, principio básico de cualquier medida de emergencia, queda así supeditada a la discrecionalidad del Ejecutivo.
Monte Maíz no escapa a muchas realidades de otras localidades. Pero la institucionalidad local debe ser más robusta cuanto mayor es la crisis. Gobernar por decreto nunca debe convertirse en costumbre. Lo que aquí se discute no es la existencia de un problema, sino la legitimidad del modo en que se intenta resolverlo.
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