Análisis del decreto municipal: errores legales, conflicto gremial y clima de crisis institucional. El error reconocido por concejales oficialistas en la ley nacional, no fue corregida, marcando otro proceso fallido. Video informe documental.
El pasado 3 de junio, el intendente de Monte Maíz firmó el Decreto N° 35/2025, por el cual declaró la emergencia económica, financiera y administrativa del municipio. El acto, que se presentó “ad referéndum del Concejo Deliberante”, generó un fuerte debate político y jurídico que aún no se resuelve y ha profundizado la crisis institucional local.
Antecedentes: sesión suspendida y decreto posterior
Todo comenzó el 29 de mayo, cuando se suspendió la sesión ordinaria convocada para tratar el proyecto de ordenanza de emergencia. Cuatro días después, el Departamento Ejecutivo emitió el decreto bajo el argumento de que existía una imposibilidad material de sesionar “en condiciones normales” y un riesgo de “parálisis institucional”.
Fundamento legal cuestionado
El decreto citó como sustento la Ley Nacional 27.541, norma sancionada en 2019 durante el gobierno de Alberto Fernández para declarar la emergencia pública nacional hasta diciembre de 2020.
Este detalle fue clave en la controversia: la ley mencionada estaba derogada desde hacía años, lo que llevó a concejales opositores, abogados y gremios a cuestionar la legalidad del decreto, considerándolo nulo de origen.
Sesión del 19 de junio: tensión y votación sin consenso
En la sesión del 19 de junio, convocada para ratificar el decreto, la oposición se retiró del recinto denunciando la imposibilidad de convalidar un acto “ilegítimo y nulo”.
A pesar de ello, el oficialismo aprobó por mayoría la ratificación del decreto, reconociendo un “error material” en la ley citada y señalando que en realidad debía haberse mencionado la Ley 27.742, sancionada en 2024.
Sin embargo, no consta en el Boletín Oficial ni en los registros del Concejo que se haya remitido un nuevo decreto con dicha corrección, lo que mantiene la incertidumbre sobre su validez jurídica.
Perspectiva legal: ¿acto inválido?
El decreto fue aprobado con un error legal fundamental y sin haberse rectificado formalmente en un nuevo instrumento administrativo. Por esta razón, especialistas señalan que la norma podría ser pasible de nulidad absoluta.
Además, el proceso fue objetado por incumplimientos procedimentales, como la falta de cierre formal de la sesión anterior y el tratamiento de una misma materia legislativa en duplicado, lo cual está restringido por el reglamento interno.
Reclamos sindicales y denuncias
Mientras tanto, el sindicato municipal denunció que el Ejecutivo no abre instancias de diálogo y que hubo denuncias por violencia institucional. La situación escaló con detenciones ordenadas por la fiscalía contra manifestantes, aunque la Policía informó que no se produjeron incidentes mayores.
El gremio advirtió que la emergencia no puede recaer sobre los trabajadores, y anunció que, de ser necesario, acudirá a la Justicia para frenar la aplicación del decreto.
Concejo cerrado al público
Durante la sesión del 19 de junio, las puertas del Concejo fueron cerradas al público y con custodia policial, lo que generó el repudio de los vecinos y del sindicato, que afirmaron haber sido excluidos de un acto institucional clave.
Crisis de legalidad y representatividad
El conflicto por la emergencia económica en Monte Maíz evidencia una serie de fallas institucionales: decretos sin sustento legal firme, votaciones sin consenso, errores formales no corregidos y un clima de creciente desconfianza pública.
La medida, aprobada por mayoría oficialista sin oposición presente, aún no cuenta con los instrumentos legales exigidos para garantizar su validez. Mientras tanto, los efectos de la emergencia ya comenzaron a sentirse en recortes, suspensión de horas y congelamiento de sueldos.
El caso continúa generando debate entre vecinos, juristas y representantes políticos, y podría tener derivaciones judiciales si se avanza con impugnaciones formales contra el decreto y sus consecuencias.
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