Protestas pacíficas de trabajadores derivaron en un despliegue policial excesivo y costoso a pedido del ejecutivo con el intendente.
Según un relevamiento que realizamos desde Sintonía, el operativo de seguridad desplegado en Monte Maíz durante los días de protesta de empleados municipales por condiciones laborales y administrativas, implicó un gasto estimado en mas de $5.000.000, solo en concepto de adicionales para el personal policial.
El jueves, día de la sesión ordinaria del Concejo Deliberante, fue la jornada con menor presencia policial. Sin embargo, en los días siguientes el número de efectivos asignados se mantuvo en un promedio de 16 por jornada, y se incrementó notablemente el día martes, cuando cerca de 50 policías entre efectivos locales y de distintas localidades del departamento Unión fueron movilizados para custodiar al intendente municipal durante una recorrida.
Este cálculo no incluye los costos logísticos adicionales, como el uso de patrulleros, combustible, viáticos ni traslados, ya que muchos agentes fueron enviados desde otras dependencias regionales. Se trata de recursos operativos cuya financiación aún no fue esclarecida oficialmente: ni el Ejecutivo local ni el Gobierno provincial brindaron precisiones sobre quién afrontó los costos del operativo. A sabiendas que se declaraba la emergencia económica.
Desde diversos sectores se cuestiona la magnitud del despliegue, considerado desproporcionado frente a un reclamo pacífico encabezado por trabajadores del propio municipio y vecinos de la comunidad. El foco de la crítica apunta al uso de fondos públicos en un contexto en el cual, el ejecutivo habla de crisis económica y a la falta de voluntad política, el amor al poder sin limites e intentar someter a cualquiera que se interponga a los planes del ejecutivo municipal para resolver el conflicto mediante el diálogo.
“La situación podría haberse evitado si el intendente hubiera dado la cara desde el primer momento. En vez de resolver, eligió esconderse y llenar de policías el conflicto”, expresó uno de los manifestantes en diálogo con Sintonía.
Más allá de quién haya cubierto el gasto, Municipalidad o Provincia, lo cierto es que ningún funcionario puso dinero de su bolsillo: el costo del operativo salió de los impuestos que pagan todos los vecinos. El saldo fue, una vez más, una comunidad que vio afectada su rutina y recursos que podrían haberse destinado a cubrir servicios mas beneficiosos para los ciudadanos.
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