El municipio paga sueldos en cuotas y acumula deudas mientras crece el malestar interno.
La Municipalidad de Monte Maíz atraviesa una delicada crisis económica que ha obligado al Ejecutivo local a pagar los sueldos municipales en cuotas. La situación se ha agravado en las últimas semanas y genera un clima de tensión, especialmente en áreas sensibles como el centro de salud, donde se intenta que el malestar interno no se filtre al debate público, en línea con una gestión caracterizada por el hermetismo y el manejo reservado de la información.
Uno de los factores centrales de esta crisis es el peso de la masa salarial sobre el presupuesto. Más del 51% de los ingresos municipales se destinan al pago de sueldos, cifra que asciende a más del 67% al incluir los gastos adicionales que ello implica. Durante el año 2024, el municipio destinó $2.838.851.178,35 al pago de salarios, lo que equivale a la totalidad de lo recaudado en concepto de impuestos locales. Esta dependencia extrema de los recursos propios para cubrir el gasto corriente limita cualquier capacidad de inversión o respuesta ante imprevistos.
La presión económica se ve potenciada por los recortes anunciados tanto a nivel provincial como nacional. Monte Maíz depende en gran medida de transferencias externas para funcionar, dado que no cuenta con margen operativo con fondos propios. En este contexto, la retención de la coparticipación por parte del gobierno provincial, como forma de recuperar préstamos anteriores, ha reducido aún más los ingresos disponibles, agudizando la crisis.
Pese a la gravedad de la situación, el Sindicato de Empleados Municipales mantiene una postura pasiva. Fuentes internas señalan que su alineación ideológica con el oficialismo local, de corte peronista-kirchnerista, ha llevado al gremio a priorizar la disciplina partidaria por sobre la representación activa de sus afiliados, limitándose a transmitir el mensaje de “aguantar” ante la falta de recursos.
En cuanto al accionar del Concejo Deliberante, en la última sesión ordinaria —la primera luego de más de un mes sin actividad legislativa—, el oficialismo aprobó un nuevo préstamo de 50 millones de pesos del Fondo Permanente, destinado al pago de proveedores. Este compromiso se devolverá en 60 cuotas mensuales, lo que implica que el actual gobierno deberá afrontar aproximadamente dos años de pagos, y que la próxima gestión, a partir de 2027, heredará tres años más de este compromiso. El endeudamiento a largo plazo, en un contexto de fragilidad económica, condiciona seriamente a las administraciones futuras.
Además, se aprobó una nueva moratoria para incentivar la recaudación, lo que fue justificado como “necesario” por los ediles oficialistas, pero también es indicativo de la incapacidad estructural para cubrir los gastos básicos de funcionamiento.
En paralelo, el municipio emitió más de 600 notificaciones a vecinos morosos, con otras tantas por distribuir. Sin embargo, crece la resistencia ciudadana al pago de impuestos, motivada por la percepción de un gobierno que no devuelve en servicios lo que cobra en tasas.
Otra sombra sobrevuela el manejo de recursos: en 2024, la provincia anunció la entrega de 200 millones de pesos para distintas obras en Monte Maíz: $120 millones para asfalto, $50 millones para loteos habitacionales, y $30 millones para una plaza inclusiva. Hasta la fecha, no hay claridad sobre el destino de esos fondos. De lo prometido, solo una cuadra de pavimento está en ejecución, sin plazos concretos de finalización.
En este panorama, la gestión de Luis María Trotte muestra signos de agotamiento y un modelo financiero insostenible basado en endeudamiento, dependencia y falta de transparencia. La combinación de salarios impagos, obras inconclusas y una dirigencia partidaria alineada pero poco crítica, plantea un serio desafío para el futuro inmediato de Monte Maíz. Mientras tanto, los costos políticos y económicos de las decisiones actuales quedarán como herencia para la próxima administración.
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