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Gas: el primer fallo clave de la Corte en la “era Macri” será, en parte, dividido


No habría unanimidad sobre si, para decidir el aumento tarifario, basado en un DNU de 2003, es necesaria una audiencia previa. La procuradora Gils Carbó respaldó el fallo de la Cámara Federal platense que frenó la suba.




La Corte Suprema resolverá hoy –en su primer fallo importante desde la asunción de Mauricio Macri, que puede determinar el futuro de la política económica– sobre la legalidad del aumento del gas, tras recibir ayer el dictamen de la Procuración General de la Nación (PGN). La jefa de esa oficina, Alejandra Gils Carbó, le recomendó a la Corte confirmar la sentencia anulatoria que adoptó la sala 2 de la Cámara Federal de La Plata.

Hasta última hora de anoche, seguían trabajando los asesores de los cuatro jueces del máximo tribunal, con el propósito de alcanzar el mayor consenso posible y sin que en las tratativas haya incidido el pronunciamiento de Gils Carbó.

Fuentes de la Corte se limitaron a anticipar a este diario que el fallo contendrá “una parte con el consenso” unánime de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, mientras que en otros aspectos habrá votos divididos.

Se espera que la división sea sobre “el meollo de la cuestión”, como lo definieron las fuentes: las audiencias públicas. La pregunta es si el fallo reconocerá la necesidad de una audiencia pública previa. Por lo demás, reconocerá la facultad del Ejecutivo de definir el marco tarifario, del mismo modo que subrayará que los aumentos “sean razonables”.

Así, como estaba previsto, la Corte se pronunciará en su acuerdo semanal de hoy, sin esperar a contar con su quinto integrante, Carlos Rosenkrantz, quien jurará como tal el lunes próximo.

Luego de conocerse el dictamen de Gils Carbó y a horas del fallo, Mauricio Macri insistió en defender el tarifazo como parte de “los pasos correctos” de su gobierno para afrontar “la crisis energética” que, dijo, afecta al país.

El dictamen recibió una crítica frontal del jefe de la UCR, José Corral. “Demuestra que (Gils Carbó) es partidista”, dijo sobre la procuradora, funcionaria de pública simpatía con Cristina Fernández.

En su dictamen de 17 páginas, que no es vinculante para lo que pueda resolver la Corte, Gils Carbó se basó en la ausencia de audiencias públicas previas a los aumentos dispuestos por las resoluciones 28 y 31 del ministro de Energía, Juan José Aranguren, del 28 y 29 de marzo pasado. También en que el porcentaje de los aumentos podría afectar el acceso a servicios públicos considerados derechos humanos por la Constitución Nacional; en particular, por su artículo 42, incorporado en la reforma de 1994, que otorgó “mayor jerarquía a los derechos de información, consulta y participación de los usuarios y consumidores, como así también a la protección de sus intereses económicos”.

“El aumento tarifario no pudo ser válidamente implementado sin la realización previa de una audiencia pública”, sostuvo la jefa de los fiscales, tras recordar que nueve fiscales (de Córdoba, Río Gallegos, Mar del Plata, Zapala, Ushuaia, Río Grande, Neuquén, Rawson y Caleta Olivia) “se expidieron a favor” de la suspensión del aumento por aquel motivo.

Recordó al respecto que las audiencias públicas previas a cualquier aumento de tarifas están previstas en la ley 24.076 de Gas Natural, como en su decreto reglamentario 1.738/92, que “fijan también como objetivo la determinación de tarifas justas y razonables, a la vez que consagran los principios de accesibilidad, gradualidad, coherencia, progresividad y previsibilidad”.

Otro punto clave del dictamen se refiere a que el aumento podría “afectar el acceso de usuarios y consumidores al servicio básico de gas”, lo que así “pone en juego derechos humanos y fundamentales” reconocidos por la Constitución Nacional. Y a que pone en riesgo “la actividad económica de los comerciantes, las empresas, las fábricas recuperadas y las cooperativas, de las cuales depende en gran medida la conservación de las fuentes de trabajo”.

Además, la procuradora rechazó de plano el argumento del Gobierno según el cual las audiencias públicas estipuladas por la ley se hicieron en 2004 y 2005 durante la presidencia de Néstor Kirchner, porque “allí no se analizaron concretamente las medidas adoptadas” más de una década después por las resoluciones 28 y 31 de este año.

El Gobierno aguarda con especial expectativa ese pronunciamiento. El ministro de Justicia, Germán Garavano, dijo ayer a la agencia Télam que “es central” la definición de la Corte para “poder fijar reglas claras”, pues hay una “sobreexposición de la Justicia, a veces tratando de autoprotegerse”, agregó en referencia a los fallos que anularon el tarifazo. Similares pronunciamientos hicieron ayer los diputados oficialistas Luciano Laspina y Nicolás Massot.

Para Bonafini, es “asesinar al pueblo”

Hebe de Bonafini acusó a los jueces supremos de “favorecer a la clase privilegiada” y les pidió que “no aprueben esta nueva forma de asesinar al pueblo”, en referencia al descongelamiento de tarifas de servicios públicos. Fuente:LaVoz






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