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Torturadas durante un mes, asesinadas y enterradas en secreto: así se paga la "deshonra" en Pakistán

Cinco mujeres acusadas de cometer el “delito” de bailar fueron brutalmente asesinadas. Sus cuerpos permanecieron ocultos años

Cinco mujeres acusadas de cometer el “delito” de bailar fueron brutalmente asesinadas. Sus cuerpos permanecieron ocultos años



La tragedia sucedió en 2012, pero sólo ahora, cuando la ley la comenzó a investigar, se conocen algunos detalles. Son escabrosos.

Cinco muchachas fueron torturadas, asesinadas y enterradas en secreto, sin tumbas con sus nombres, en el pueblo de Gadar, en la zona de Kohistán, al noroeste de Pakistán.

Se llamaban Bazeegha, Sareen Jan, Begum Jan, Amina y Shaheen; se estima que tenían entre 12 y 22 años y pertenecían a la tribu de Azad Khail.

Su delito quedó grabado en un video de teléfono que hizo Bin Nasir, un joven de 22 años perteneciente a la tribu de Saleh Khel. Se veía a cuatro de ellas seguir el ritmo de una música con las palmas y con los cuerpos, cubiertos por vestidos de telas estampadas con flores y velos anaranjados sobre las cabezas; la quinta no entraba en el cuadro. Segundos más tarde, la cámara del celular enfocaba al hermano de quien grababa, Gul Nazar, que también bailaba, solo, en la misma habitación.

El video circuló en la región y se consideró una deshonra para las familias de las muchachas: esa proximidad entre jóvenes de los dos sexos pertenecientes a distintas tribus está prohibida.

Nadie más las volvió a ver, ni vivas ni muertas.

Se supone que los hechos se desarrollaron de este modo:

Los padres de las muchachas las encerraron en una habitación para celebrar un consejo local de ancianos y religiosos, la Jirga, que las juzgó. El líder de la Jirga, un clérigo musulmán, emitió el veredicto de matarlas, y también a los dos muchachos.

Las familias no se resistieron. Al contrario: mantuvieron a las muchachas encerradas durante un mes. Y también las torturaron: les arrojaban agua hirviendo y brasas encendidas.

Por fin las mataron. Se cree que a las 2 de la madrugada del 31 de mayo de 2012 se hicieron sus rezos fúnebres y sus cuerpos se enterraron cerca del pueblo, para exhumarlos poco después y desperdigarlos en distintos puntos secretos de los montes aledaños.

Como los dos varones estaban libres, escaparon para evitar la muerte; sin embargo, tres de sus hermanos fueron asesinados desde el incidente, aunque no se sabe si en relación con él o no. El resto de la familia abandonó la zona, y al hacerlo, también sus propiedades y sus medios de vida.




El mayor, Afzal Kohistani, de 26 años, hizo la denuncia aunque le advirtieron que desafiar la decisión de la Jirga podía tener consecuencias. Todos estos años buscó la ayuda de los funcionarios locales y provinciales, e hizo dos pedidos a la Corte Suprema, que en 2012 desestimó el caso pero ahora lo ha tomado. Esa reapertura de la causa dio origen a la información escalofriante sobre el destino de las jóvenes.

Y sobre lo que siguió: cuando las autoridades se acercaron a investigar, los familiares y los dirigentes de la comunidad mostraron a tres niñas parecidas a las que se habían desvanecido en el aire del pueblo. Una de ellas tenía las huellas digitales quemadas —un accidente en la cocina, se argumentó—, lo cual impidió que se las confrontara con las de la víctima cuyo lugar se supone que ocupaba.


Los crímenes de honor

"Esto ha destrozado mi familia. Las muchachas están muertas, mis hermanos fueron asesinados y nada se hizo para que haya justicia o tengamos protección", le dijo Kohistani a Pamela Constable, la corresponsal de The Washington Post en Pakistán. El hombre ha recibido amenazas de muerte y no puede volver a su pueblo. "Sé que probablemente me matarán a mí también", agregó. "Pero no importa. Lo que sucedió está mal, y tiene que cambiar. Alguien tiene que luchar para eso".

Eso que está mal, como describió Kohistani, es una tradición arraigada en la zona: los asesinatos de honor.

Una nueva ley pakistaní aumentó el poder judicial en estos casos; sin embargo, aun cuando los casos llegan a los tribunales —que no es con frecuencia— suelen quedar sin castigo. En primer lugar, los criminales son la familia de las mujeres asesinadas; en segundo lugar, el esquema legal ofrece atajos para que se dispense o se desestime la acción.

A eso hay que sumarle la presión social: en este caso, por ejemplo, cuando se hizo la primera investigación y la Corte Suprema pidió que se mostrase a las muchachas, el mismo consejo que las condenó negó haberse siquiera reunido a tal fin. Y exhibieron a unas dobles de las muertas, una de ellas torturada para borrarle las huellas digitales.

El periodista local Haseeb Khawaja habló con el joven que filmó el video. "La policía nos amenazó y nos obligó a decir que las muchachas estaban vivas, así nuestra tierra no sería difamada, cuando el juez superior nos preguntara", declaró Bin Nasir. "Cuando salimos de los tribunales, la policía nos torturó brutalmente porque según ellos no dimos testimonio de acuerdo con sus deseos".


La religión vs. la ley

La nueva ley, aprobada en octubre, otorga a los jueces más herramientas para dictar condenas de prisión perpetua en casos de asesinatos de honor. Sin embargo, el peso de las tradiciones religiosas pone en duda si la norma tendrá efecto para disminuir el problema persistente de los crímenes de honor. Los consejos tribales tienen enorme influencia sobre los musulmanes que habitan esos villorrios, y sus líderes se oponen con fiereza a la imposición de las normas laicas del Estado. En particular si se trata de la vida de las mujeres, a las cuales las Jirgas otorgan derechos nulos y ningún valor.

"En mi distrito o en mi provincia nadie nunca me habló contra los asesinatos de honor", explicó Kohistani a The Washington Post. "Me dicen que he difamado mi cultura, mi religión y mi tribu. Todo el mundo sabe lo que sucedió, pero nadie sale a decirlo. Es una tradición ilegal, inconstitucional y anti-islámica, pero la gente ni siquiera la considera un delito".




Durante la primera intervención de la Corte Suprema, una de las tres personas encargadas de identificar a las jóvenes que en el pueblo les mostraron como si fueras las víctimas vivas, hizo un informe en disidencia. No obstante, el tribunal superior tomó los otros dos informes, que reconocían la resistencia de los líderes comunitarios a mostrar a las muchachas, y luego confirmaban el parecido entre las que vieron y las del video, y decidió cerrar el caso.

Poco desués un periodista envió fotos de los dos grupos, las jóvenes del video y las dobles, a un laboratorio de análisis forense en el Reino Unido, que concluyó que sólo había un 14% de probabilidades de que fueran las mismas personas. Una corte provincial rechazó la prueba y se negó a reabrir el caso.

El mes pasado una nueva autoridad en la Corte Suprema decidió aceptar el habeas corpus que Kohistani insistió en presentar. Una nueva misión —esta vez con un juez y dos oficiales de policía, además de los registros de identidad de las jóvenes que eran mayores de edad— se presentó en Gadar, soportó el rechazo de los líderes tribales y escuchó la versión unánime del pueblo: las muchachas viven.


Pidieron que se las mostrasen.

Dos eran más jóvenes que las que suplantaban, según la documentación que tenían; una tercera no pudo ser identificada porque las yemas de sus dedos estaban quemadas "por un accidente en la cocina", según repitieron sus padres.

"La delegación concluyó que al menos dos muchachas no eran las del video y que probablemente las otras tampoco eran quienes decían ser", escribió la corresponsal Constable. Según el juez, era inevitable sospechar que "en el fondo de este asunto hay algo mal".








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Monte Maíz, Córdoba, Argentina.
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